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La muerte de los campesinos ha motivado protestas en diversas partes del país. Foto Walter Valle/s21

Elder Yovanni Interiano Suchité
einteriano@siglo21.com.gt – MONCADA

El gobierno debe buscar nuevos mecanismos para enfrentar los conflictos sociales
Analistas de diversos sectores sociales, políticos y activistas de derechos humanos identifican la matanza de Totonicapán como la principal crisis política que ha afrontado el actual gobierno de Otto Pérez Molina en diez meses de gestión.
Los entrevistados consideran que el mandatario debe reencauzar su política gubernamental y dejar a un lado las “prácticas represivas y militares”; de lo contrario podría causar más repudio, confrontación social y hasta rechazo político en época eleccionaria.
Algunos de los consultados ven con escepticismo la captura de nueve militares, otros consideran que deben ser capturados “todos los responsables de la cadena de mando”.
Por otro lado, Javier Monterroso, asesor del Ministerio Público, MP, considera que todavía está en su primera fase la investigación, por lo cual no descarta incluso que se pida la captura de algunos manifestantes que supuestamente causaron daños a propiedad privada e hirieron a particulares.
Confrontación ideológica
Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Mirna Mack, dijo que lo sucedido el pasado jueves cinco de octubre en Santa María Ixtahuacán, Sololá, es un hecho que vino a exacerbar la confrontación ideológica que había entre el gobierno y otros sectores, pero no solo con indígenas, sino también con campesinos, intelectuales y académicos.
“El problema es que el actual gobierno no ha querido afrontar de manera adecuada la conflictividad social del país. Anteriores gobiernos respondieron con el uso de violencia o con indiferencia, pero este particularmente ha adoptado un comportamiento institucional represivo”, agregó.
A criterio de Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), los disturbios ocurridos en la cumbre de Alaska constituyen un momento crítico para el Gobierno, lo cual lo obliga a readecuar la estrategia de seguridad gubernamental y la participación del Ejército.
“Considero que debe haber más coherencia en el equipo de gobierno, debe haber un cambio en cuanto a la forma de atender la problemática social, porque la conflictividad viene de necesidades insatisfechas”, opina Linares.
Según Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), los ataques a pobladores de Totonicapán han generado un grado de fragilidad gubernamental y el principal error del gobernante fue “salir en defensa de los militares sin tener información del caso”.
“Mi recomendación es que por el número de conflictos que existen en el país se conforme un equipo o comisión encargada de darle engrosamiento y prevención de los mismos, para que no queden en la impunidad”, puntualizó.
Demandas no cumplidas
Para el ex diputado Aníbal García, dirigente del partido en formación Movimiento Nueva República, los disturbios que causaron la muerte de seis campesinos de Totonicapán no son los únicos que han afectado la credibilidad del actual gobierno, sino que ha habido otras demandas sociales por temas como la energía eléctrica, magisterio y reformas constitucionales.
“Es una crisis política que el mismo Gobierno ha causado, pues con sus políticas represivas solo ha logrado revivir el sentimiento de miedo de la población hacia el Ejército, como en los tiempos del conflicto armado. Sin duda lo de Totonicapán ha puesto al gobierno de Otto Pérez en su peor momento político”, puntualizó el dirigente político.

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