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Gabriela Rosero preside la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci).

Al menos 26 Organizaciones No Gubernamentales (Ongs) foráneas fueron suspendidas por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) de Ecuador, de las cuales nueve son de Estados Unidos.

Un boletín oficial de la Seteci señala que otras 16 ONG deberán tramitar en los próximos 15 días su permanencia en este país, al tiempo que este miércoles se informarán las causas por las cuales se les rescindió el contrato.

Del total de las entidades que no recibieron la renovación de su permiso, tres son italianas e igual cantidad de España, dos de Reino Unido, y una de Argentina y un número similar de Colombia, Filipinas, Singapur, Dinamarca, Bélgica, Puerto Rico y Alemania.

La Seteci señala la determinación de que en caso de que éstas no cumplan los requisitos, se procederá a dar por terminadas sus actividades en el país.

El texto citado agrega que toda ONG extranjera que desee realizar actividades de cooperación y ejecutar proyectos de desarrollo en Ecuador está obligada a suscribir un Convenio Básico de Funcionamiento.

El gobierno de Ecuador había anunciado la revisión de los contratos de las Ongs y la evaluación de la pertinencia de sus operaciones en el país, ya que en algunos casos se había desvirtuado el propósito manifiesto de sus acciones concretas.

Una investigación periodística reveló la presencia de estas formas de asociación en lugares estratégicos para la nación, como las reservas naturales donde incluso existen proyectos nacionales.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha sido una de las más cuestionadas aquí por la existencia de proyectos controvertidos que revelan objetivos diferentes a sus propósitos planteados.

Expertos locales coinciden en que el gobierno estadounidense pretende el control del agua dulce de Latinoamérica, así como del potencial para generar energía hidroeléctrica y sobre uno de los sistemas ecológicos con mayor concentración de biodiversidad del mundo.

Se considera, además, que las iniciativas medioambientales tienen propósitos injerencistas al intentar el control de recursos naturales, minerales y energéticos, a fin de echar abajo las condiciones de negociación planteadas para la región. Los análisis realizados por entes gubernamentales indican una fuerte intervención entre la población de las zonas donde se ejecuta para conseguir influencia técnica y jurídica para la formulación de leyes medioambientales beneficiosas para las entidades foráneas.

Además, refiere, se ejerce intervención directa en áreas protegidas del país a sabiendas de que a nivel regional y mundial constituyen zonas estratégicas por su megadiversidad, y por otra parte no existen mecanismos gubernamentales de evaluación de los proyectos.

También llama la atención el hecho de que las ejecutoras sean grandes Organizaciones No Gubernamentales estadounidenses, como la Rainforest Alliance y la Chemonics, sin representación jurídica en Ecuador.

(Tomado de PL)

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