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Correo del Orinoco – Fuente/Prensa Latina – 27 mayo 2012 En MONCADA
La sucursal en Panamá de la compañía Ericsson deberá pagar una multa de un millón 753 mil dólares al departamento de Comercio estadounidense por violar las restricciones de exportación contra la Mayor de las Antillas
Con la aplicación de una millonaria multa a una sucursal de una compañía de teléfonos móviles,Estados Unidos demuestra este domingo que mantiene intacta su política de reforzar el bloqueo contra Cuba.
La sucursal en Panamá de la compañía Ericsson, el fabricante número uno del mundo de equipos de redes móviles, deberá pagar una multa de un millón 753 mil dólares al departamento de Comercio estadounidense por violar las restricciones de exportación contra la Mayor de las Antillas.
Según un comunicado del Buró de Industria y Seguridad (BIS), la filial panameña de Ericsson importó teléfonos móviles de Cuba para su reparación, reportó el sitio digital Export Law Blog.
El documento refiere que la compañía ocultó el origen cubano de los equipos, los cuales fueron enviados a Estados Unidos para su reparación y luego regresaron a la isla caribeña, a través de la propia empresa, agregó.
Bajo presión de Washington, Ericsson de Panamá reveló voluntariamente las violaciones tras una investigación del departamento de Comercio, con el cual la compañía acordó pagar la multa.
Ericsson de Panamá sabía que las exportaciones de Estados Unidos a Cuba eran ilegales, ya que había sido informado por la empresa matriz de las restricciones impuestas a la isla, señaló el texto de BIS.
Los tres empleados que supuestamente hicieron negociaciones con La Habana fueron despedidosdespués de que el plan fue descubierto por la compañía, agregó la comunicación.
El acuerdo fue firmado la semana pasada y aprobado por un funcionario del departamento de Comercio el jueves último, aunque aún no se ha puesto a disposición pública, concluyó la fuente.
Estados Unidos mantiene desde hace más de 50 años un cerco económico, comercial y financiero que le ha costado a Cuba más de 975 mil millones de dólares y constituye una violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas del Derecho Internacional.
La comunidad internacional ha condenado durante 20 años consecutivos en las votaciones de la ONU esta política injerencista y extraterritorial de la potencia norteamericana contra la nación caribeña.

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